l principal enemigo de una investigación en materia penal es la fragmentación. Es muy común que en el caso de delitos complejos en donde intervienen diferentes actores, niveles u órdenes de gobierno –quizá funcionarias o funcionarios públicos-, los procedimientos administrativos o judiciales que se inicien tengan muchas fuentes. Dicho en otras palabras, no es difícil que los expedientes de investigación de delitos terminen siendo divididos en diferentes fiscalías o incluso en la misma fiscalía, pero en una diferente unidad de investigación a pesar de que se trate de los mismos actores. Todas estas circunstancias hacen que se pierda la mirada integral de las investigaciones y pueden ser importantes enemigos al momento de intentar construir o identificar patrones de comportamiento que seguramente permitirían el desmantelamiento de alguna circunstancia que esté propiciando la reproducción de este tipo de delitos.
Las y los abogados deben estar vigilantes para evitar la fragmentación del caso, y llegado el mismo a ese extremo, buscar la judicialización de aquellas medidas que afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes y así evitar un proceso que vaya mermando gradualmente la vigencia de todos estos derechos.
Es claro que las y los abogados de la PPNNA deben guardar sigilo y secrecía con respecto al contenido de las investigaciones y el proceso mismo. Sin embargo, la mayor responsabilidad para asegurar mejores probabilidades para alcanzar un éxito en las investigaciones tiene que ver con el importante espectro de obligaciones que las autoridades tienen y, por lo tanto, las mismas deben ser reforzadas para evitar las filtraciones a la prensa, el acceso al expediente de la víctima y por supuesto el sigilo con el que se deben conducir las investigaciones para evitar que se vean frustradas por algún aspecto. Las y los abogados deben recordar que el acceso permanente, claro y sin obstáculos a la información de las propias víctimas constituye un mandato constitucional y un principio esencial que debe ser atendido, lo que implica que deben estar dispuestos a cuestionar judicialmente una situación de eventual falta de acceso a la información o resistencia por parte de las autoridades.
