uchas abogadas y abogados suelen establecer como una prioridad la incorporación de los elementos y evidencias que resultan imprescindibles para el proceso judicial –la investigación y los elementos de enjuiciamiento de las y los responsables dentro del expediente judicial para alcanzar el éxito en las investigaciones. Sin embargo, un enfoque de este tipo suele olvidarse de otros elementos que consideramos fundamentales, como la protección integral de las niñas, niños y adolescentes o el impacto que tienen determinadas actuaciones.
De esta manera, las y los abogados que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes deben poner en el centro de su actividad la protección integral y los efectos diferenciados que sufren, por lo que su estrategia de intervención debe prever escenarios de posible revictimización.
Una manera de asegurar la protección integral de una niña, niño o adolescente en el marco del proceso penal es encontrar las mejores condiciones para que rindan su testimonio. Por ejemplo, solicitando al órgano jurisdiccional de control que incorpore como prueba anticipada la declaración de la niña, niño o adolescente, asegurándose que la misma esté a cargo de personal especializado, que se realice en las mejores condiciones posibles y sea videograbada, para reducir posteriormente los dilemas que puedan existir sobre la necesidad de que tenga que volver a declarar o pueda ser llamado por la defensa del inculpado para ello.
En este sentido, la o el abogado que defiende a la niña, niño o adolescente puede exigir que cualquier diligencia, prueba o dictamen verse sobre la declaración videograbada, con lo cual se evita la necesidad de que la víctima tengan que volver a presentarse en el juicio.
Esta acción por parte de las y los abogados de niñas, niños y adolescentes permite además que el material videograbado pueda ser utilizado para diversos objetivos, haciendo mayor eficiente la participación de niñas, niños o adolescentes en los procedimientos administrativos o judiciales, evitando la repetición de actuaciones y asegurando una mayor protección a los derechos de la infancia y la adolescencia.
